Pasó como si nada el 71 aniversario de la Expropiación Petrolera de Lázaro Cárdenas del Río. De aquel 18 de marzo de 1938 sólo queda el recuerdo. El discurso del entonces presidente anunciando la determinación de arrancar de las manos a las petroleras inglesas y estadounidenses, principalmente, el manejo de la riqueza energética es material de archivo.
Con la reforma última de Petróleos Mexicanos, empujada por Felipe Calderón y avalada por la mayoría en el Congreso de la Unión, se abrieron las puertas a la participación de la iniciativa privada en todas las actividades de la paraestatal. Más bien fue una especie de contrarreforma petrolera, porque bajo el pretexto de la modernización de Pemex y el garlito de otorgar más autonomía a los órganos de dirección, se permitió premiar al “buen desempeño” en lugar de los multicuestionados contratos de riesgo o de servicios múltiples.
El asunto de fondo tiene que ver con la apropiación de la renta petrolera; es decir, que ahora las empresas extranjeras podrán participar, vía el reconocido buen desempeño de su trabajo, en dicho reparto de la renta de Pemex, con el respaldo y la certeza que otorgan las modificaciones aprobadas a la ley reglamentaria del Artículo 27 constitucional, bajo la modalidad de no tener una remuneración fija sino un pago al final, cuando se determinen las ganancias.
Que las áreas de participación abran la oportunidad a los externos en aquellos yacimientos petroleros transfronterizos, como los de las aguas profundas del Golfo de México; la participación en licitaciones “confidenciales” de información reservada sobre los términos de la adjudicación.
Entre las facultades otorgadas a la Comisión Reguladora de Energía por la reforma, se le atribuye normar aquellas actividades de los empresarios —nacionales y extranjeros— en materia de producción de gasolina y petroquímicos básicos. Aparte de decidir sobre los criterios cuando de transporte, almacén y distribución de los hidrocarburos se trate.
Quedó fuera de control también, y por tanto abierto a la participación privada, el otorgamiento de contratos sin licitar o de adjudicación directa cuando se trate de materia de suma “relevancia”; o porque se decida el refaccionamiento o servicios relacionados con la instalación, el mantenimiento o la conservación de los equipos industriales del fabricante original.
El camuflaje de la reforma dicta que Pemex tiene facultad para contratar directamente a propósito de desarrollar tecnologías relacionadas “con el objeto de Pemex y sus organismos subsidiarios”. Lo que es lo mismo, contratar particulares para la perforación de aguas profundas.
Ni más ni menos que la inclusión de empresas como las noruegas ahora –de moda en estos días en que los príncipes de ese país están de visita en México, y bien acompañados de una comitiva de empresarios interesados en participar en el pastel energético de Pemex— para la perforación de los yacimientos limítrofes en aguas profundas del Golfo de México, mejor conocidos como los Hoyos de Dona.
Así, aparte de los anuncios del presidente Calderón, en este aniversario de la expropiación, sobre la construcción de la nueva refinería, y para lo cual propone organizar los foros de discusión sobre el sitio pertinente, los mexicanos no tienen nada que celebrar porque en este tema ocurre como con la Revolución Mexicana: el gobierno se ha encargado de derribar, como estos, otros símbolos de la identidad nacional.
Muchos de esos íconos del patriotismo, del orgullo y la solidaridad de los mexicanos que han tirado por la borda los priistas, y ahora los panistas. Queda el recuerdo para celebrar la expropiación.
18/marzo/2009.
lunes, 21 de diciembre de 2009
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