Enfrentar la criminalidad

México requiere cambios de fondo en materia de procuración e impartición de justicia. Pero no sólo eso, también hace falta atender los problemas nuevos que se presentan en la sociedad y trastocan de fondo la estabilidad social, por la inseguridad que prolifera con la culminación de varios delitos. Desde hace por lo menos 20 años, el crimen organizado está minando la paz social, colocado a un lado de las actividades ilícitas del narcotráfico y del secuestro, como dos de los mayores lastres presentes hoy.
Las reformas legales en materia penal, de justicia y seguridad pública, estarán incompletas, en tanto no se ataque a fondo problemas como la corrupción y la impunidad, entre los mismos organismos encargados de la justicia. Un problema doble. Atender de manera pronta y expedita la justicia, y atacar de manera oportuna la depuración de los operadores de dichos cambios; desde los jueces para abajo.
Para atender problemas de este tipo, pero principalmente aquellos que lastiman hondamente a la sociedad como el delito, el secuestro y el crimen organizado, la sociedad organizada en manos de asociaciones civiles como México SOS, el empresario Alejandro Martí, se organizó el Foro Nacional de Seguridad con Justicia.
Además de la participación del presidente Felipe Calderón anteayer, donde aseguró que el país está pagando elevados costos por la permisibilidad, la tolerancia y la corrupción, ayer se presentaron gobernadores de seis entidades del país. La participación incluyó a José Reyes Baeza de Chihuahua, Emilio González Márquez de Jalisco, Enrique Peña Nieto del Estado de México, Natividad González Parás de Nuevo León, Marco Adame Castillo de Morelos y el Jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard. El motivo, evaluar la reforma constitucional en materia penal a un año de su aprobación, atendiendo a las acciones emprendidas en estos estados donde el crimen organizado se ha ensañado y los gobernadores han aplicado acciones contundentes.
Así, para Jalisco vale eliminar la impunidad, aumentar las penas para secuestradores sin otorgar ningún privilegio. En la mira está la aplicación de la ley para mejorar la seguridad y la justicia. La aplicación también de las pruebas de confianza para los operadores de la ley, para “saber si los policías la juegan de lado de la ley o de los grupos delictivos”, expresó González Márquez.
En Chihuahua, Baeza se partió de la evaluación de un sistema de justicia obsoleto, a fin de ganarse la confianza ciudadana. Se luchó por la erradicación de la tortura como práctica común en el país. El acuerdo para reformar el sistema data de 2007, bajo el consenso político de todos los partidos. Las características son ahora la publicidad, la oralidad, la concentración; adversidad y la presunción de la inocencia. En los juicios orales, se colocan de frente el juez, el acusado y las pruebas para debatir la inocencia o culpabilidad. Se trabaja también en la erradicación de los vicios en materia de violación de derechos humanos. Y aportó datos importantes del nuevo proceder del sistema de justicia.
Por el Edomex, su gobernador Peña Nieto, puso el compromiso de volver los ojos al sistema de justicia penal, para atender los índices tanto de criminalidad como de impunidad presentes en el sistema. El ajuste del sistema para iniciar la oralidad siguiendo alcances de gobiernos como Chihuahua y Nuevo León, en los órdenes civil, penal y familiar. Así como atender el rezago con métodos alternativos. Siempre con la voluntad de lograr un sistema penal que tiene por horizonte el 2011 bajo el esquema da la gradualidad.
Nuevo León se adelantó a todos los estados. Lleva cinco años y medio de avances. Determinante, la participación de la comunidad. Para atender las deformaciones del sistema de procuración e impartición, se iniciaron acciones de fondo como la incorporación de la oralidad. Coincidieron ONG, medios de comunicación, investigadores y gobierno. La transformación en la mediación, civil, familiar, administración e impartición. El poder judicial convertido en el camino, en el impulsor de dicha transformación. En dos años concluirá el proceso de cambios. Con importantes cifras: por la oralidad penal, 258 mil 39 averiguaciones, el 76 por ciento se ha resuelto por vías alternas. Desde el año, se conformó el grupo de evaluación, con participación de los poderes. Un sistema con avances desde el gobierno con voluntad política, pero con la participación de la sociedad.
Para Morelos, Adame se enfrenta a un sistema obsoleto, corrupto y corruptor desde la campaña. A un año un mes se aprobó la reforma al sistema penal como resultado de la ciudadanización del proceso. Con la participación de los sectores, el congreso local avaló por unanimidad, el 30 de octubre del 2008. Pero un cambio radical como este es estructural y cultural que requiere tiempo. Bajo reglas de confianza se capacita a los funcionarios en activo, policías y peritos. Los fondos son indispensables. Recursos federales para profundizar las tales reformas.
En el DF, los juicios orales son insuficientes. Contra el delito se colocarán cámaras apostando a la videovigilancia. Se apuesta a adoptar una generación, para ello las becas a las primarias, pero faltan las secundarias. Una reforma que cuesta cuantiosos recursos: 8 mmdp para el DF. Además de acabar con el doble discurso que representa el 90 por ciento del problema. Los policías no tienen servicios como hospital, buen sueldo, prestaciones. La seguridad social de los policías. Otro problema son los penales que no readaptan. “Tenemos en crisis al sistema de reclusión”. Los peligrosos están con los del fuero común. Otros temas que van de la mano de la oralidad. Por eso es insuficiente.
Importante, contar con experiencias cuya aplicación en materia de procuración e impartición de justicia es inminente en este momento.


25/junio/2009.