¿Espionaje paralelo?

El espionaje telefónico se da tanto con fines políticos como entre particulares.
En el caso del espionaje dirigido, o inducido por parte del Estado, tiene que ser —al menos así lo dicta la norma— por un lapso determinado y bajo solicitud de un juez para aquellos casos donde intermedie alguna investigación por presunto delito. Pero existen los organismos dedicados a la investigación de inteligencia, instituidos o no, que rebasan sus atribuciones y se empeñan en obtener al detalle las evidencias del caso.
Y en México es más una práctica común que novedad, el que se intervengan los teléfonos, porque pueden estarlo en cualquier momento. No obstante, el Código Penal sanciona con prisión de entre uno y cinco años y multa hasta de 10 mil días a quien “dolosamente o con fines de lucro interrumpa o interfiera las comunicaciones alámbricas, inalámbricas o de fibra óptica, sean telegráficas, telefónicas o satelitales, por medio de las cuales se transfieran señales de audio, de video o de datos”.
También la Ley de Vías Generales de Comunicación, en su artículo 378 dicta la prohibición de “interceptar, divulgar o aprovechar sin derechos, los mensajes, noticias e informes que no estén destinados al dominio público y que se escuchen por medio de aparatos de comunicación eléctrica”. Sólo en aquellos casos, donde lo avala la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, se permite intervenir sólo mediante permiso de un juez, a petición del MP y en indagatorias relacionadas con el crimen organizado. Las sanciones van de prisión de seis a 12 años, multa de 500 a mil días e inhabilitación para desempeñar cargos públicos por el mismo periodo de la pena de prisión. Meras palabras.
Pero más allá de los simples órganos de inteligencia destinados para el espionaje, también funcionan las redes de particulares que hacen este tipo trabajos y los ponen a la venta como información confidencial e intencional a otros particulares. En México eso ocurre en aquellos casos donde impera el interés por escarbar los intereses de los contrincantes políticos. Y muchos escándalos se han filtrado a la prensa, que luego se descubren realizados con fines de soborno o para desacreditar a los enemigos políticos.
Se presta entre gobernadores de unos partidos contra otros; o de unos grupos políticos frente a otros con fines de descalificar, generalmente, algunas personalidades o actores de la política. Durante el sexenio de Vicente Fox, verbigracia, ocurrieron escándalos que incluyeron a la misma pareja, aún antes de que ocurriera la boda entre él y Marta Sahagún.
Así se filtraron grabaciones confidenciales entre Raúl Salinas y Adriana Salinas, donde aquél habla de los depósitos en Suiza y algunos asuntos de familia. Otras grabaciones telefónicas se han filtrado a la prensa, tales que han generado escándalos, como el del Gober Precioso, Mario Marín de Puebla, con el asunto de la periodista Lydia Cacho en cuyo libro “Los Demonios del Edén” denuncia una red de pederastas que involucra al Rey de la Mezclilla, José Camel Nacif Borge y su relación con Sucar Kuri.
O las palabras del otrora flamante Secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, quien en una plática informal desde Cancún declara en contra de su protector Carlos Salinas, a quien señala como quien se robó la mitad de la “partida secreta” en los tiempos que ocupa la Presidencia de la República.
Entre los últimos escándalos, en el más reciente se involucra a varios priistas, como Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes Rangel, Jesús Murillo Karam, Carlos Lozano y Andrés Manuel López Obrador. En un importante medio impreso nacional se desdibujó en entramado de la red. La información de que la Procuraduría General de la República (PGR), investigó y ya emitió órdenes de aprehensión por la vía de un juez en contra de varios exfuncionarios de la propia PGR, el Cisen, la PFP y Hacienda, por intervenir “conversaciones telefónicas, correos electrónicos y comunicaciones personales” en contra de líderes del PRI.
Con todo y que la investigación de este asunto está en ciernes, el propio Beltrones había interpuesto una demanda por ese delito desde el 13 de junio de 2008, contra quien resulte responsable. Fue el propio presidente del Senado quien describió que se trataba de un “protocolo de investigación” similar al empleado por el Cisen. De ahí lo del espionaje paralelo. La investigación de las redes alcanza hasta un domicilio en Naucalpan, Edomex, donde antes, en noviembre 6, se encontró información sobre los personajes mencionados en los sistemas de cómputo.
El tema sigue y seguirá dando de qué hablar. Más ahora, en estos tiempos en que las intrigas entre los contrincantes políticos están en boga. Más hoy, cuando a raíz de las reformas a la Policía Federal (PF), la intervención telefónica será tan pronta y expedita como cualquier otro simple trámite por parte de un juez. Las causales, por sospecha de algún delito, no obstan para que con ese pretexto se intervenga a cualquier persona.

2/julio/2009.