Los AFI se van

Le tocó al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora Icaza, anunciar la desaparición de la Agencia Federal de Investigación (AFI), a raíz de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), el día de ayer.
La AFI cede su lugar a la Policía Federal Ministerial (PFM), pero no sólo eso: cambia toda la estructura orgánica de la PGR, de acuerdo con el decreto de reformas avalado por el Congreso de la Unión. La mira es dar una mayor respuesta, más oportuna y clara, y que se apegue a derecho conforme a la situación actual de virulencia que representa la actividad del crimen organizado en todo el territorio nacional.
Es verdad que la desaparición de la AFI podría interpretarse como un golpe a su creador de hace más de siete años durante el sexenio del presidente Vicente Fox, Genaro García Luna — el actual jefe de la Secretaría de Seguridad Pública Federal—, pero en realidad es una cachetada con guante blanco al propio Medina Mora, porque la institución que preside ha incumplido con las expectativas y las metas encomendadas por la ley. Es decir, le quitan de las manos una institución que, de haber ejercido con puntualidad, ahí estaría.
Sin embargo, la reforma avanza en cuatro vertientes. La primera, de acuerdo con la presentación de Medina Mora: ampliación de facultades del Ministerio Público, que comprende un régimen transitorio de ocho años, pero ya se avanza y apunta hacia la retención de indiciados. En otras palabras, agilizar la detención de sospechosos, que va de la mano de solicitar al juez por cualquier medio una orden de cateo. Medida violatoria de los derechos elementales consagrados en la Constitución, donde nadie es culpable hasta en tanto no se le demuestre lo contrario. Aunado a que se tomen en cuenta las informaciones anónimas, que no pocas ocasiones resulten infundios inculpatorios.
Destaca también, entre las nuevas funciones de la PFM, el llevar a la práctica la nueva Ley de Extinción de Dominio, de reciente aprobación, para incautar los bienes procedentes de la actividad del narcotráfico y restarles capacidad operativa, así como atender el interés de las víctimas.
La segunda vertiente corresponde al propio esquema de operatividad de la institución. Una organización más flexible, más especializada y desconcentrada en coordinaciones regionales para eficientar las acciones contra la criminalidad. Esperando no resulten en meros pequeños cotos de poder con más posibilidades de ser infiltrados por los dólares del narcotráfico.
La tercera se refiere a la certificación del personal con el fin de profesionalizar a la PGR, más allá del servicio profesional de carrera y la evaluación del control de confianza. Para lo cual se crea el Centro de Evaluación y Control de Confianza en la PGR, que contribuirá en la evaluación del personal de otras instituciones sobre la seguridad pública.
La cuarta vertiente referente al Auxiliar Ministerial del MP, que tendrá las siguientes funciones: prevenir los delitos y las faltas administrativas, trabajando para garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz pública en las zonas de jurisdicción federal, contando para ello con la recepción de denuncias cuando “no puedan ser presentadas ante el MP”.
Esta última función se refiere, sobre todo, a aquellos delitos donde incurran las movilizaciones como el bloqueo de edificios, cierre de carreteras u otros donde los manifestantes intervengan como lo han hecho hasta ahora como recurso de la protesta social. Es decir, que con esta nueva facultad de la PFM, se trata de criminalizar la movilidad colectiva, a efectos de actuar en contra de aquellas marchas y manifestaciones, como los de la APPO en Oaxaca o los pueblos de San Mate Atenco, que fueron reprimidos sin piedad. Hacia allá apuntan las reformas de la exAgencia Federal de Investigación (AFI), con su cambio de piel en lo que ahora será la Policía Federal Ministerial (PFM) de la PGR.

29/mayo/2009.