Como todo ciudadano de un país extranjero, Florence Cassez tiene el derecho a ser defendida por el presidente de su patria. En este caso, se trata de la solicitud del premier francés, Nicolas Sarkozy, quien desde marzo pasado pidió al presidente mexicano, Felipe Calderón, ser extraditada para que purgue la condena en su país.
Pero los delitos del secuestro, la delincuencia organizada y la portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, por los que fue detenida y procesada la francesa, no sólo son violaciones graves; el juicio en su contra y por las pruebas presentadas que la inculparon, arrojaron una condena de 60 años. Ni más ni menos que por tres secuestros.
Las evidencias mostraron que Cassez torturó y extrajo sangre a un menor de edad para enviarla como prueba de vida al padre, entre otros. Además, no se le capturó sola, se le encontró con otros integrantes de la banda conocida como Los Zodiacos. Es más, era la novia de Israel Vallarta Cisneros, el cabecilla de la misma, con quien ejecutó varios de los plagios, según inculpatoria de un testimonio protegido, David Orozco, El Géminis, miembro del grupo delictivo y que fue detenido por la policía federal. Quien además detalló el papel de Cassez en las actividades delictivas.
Según se dice, la banda está prácticamente desarticulada desde la detención de El Géminis, de René Vallarta Cisneros, y de Alejandro y Juan Carlos Cortez Vallarta el 7 de mayo pasado. Desde que la francesa llegó al grupo delictivo en 2004, creó discordia en la organización conformada por familiares.
Las pruebas irrefutables la inculparon y el juez de la causa procedió como el daño lo requiere, según lo mandata la ley penal para este tipo de actividad ilícita. Pero Nicolas Sarkozy, atendiendo a las presiones de algunos de sus propios ciudadanos, pidió que su coterránea fuera enviada a su país para purgar su pena.
Desde que Cassez fue expuesta a los medios de comunicación por el delito del secuestro, y comenzaron a sentirse las presiones desde Francia para ser extraditada, iniciaron también las manifestaciones de varios sectores de la sociedad mexicana para que Calderón no aflojara y cometiera el error de extraditar a la secuestradora.
Cuando en el 2007 México firmó el Convenio sobre el Traslado de Personas Condenadas del Consejo de Europa, un mecanismo que permite que ciudadanos de los países firmantes puedan ser trasladados a sus países de origen a purgar las penas, Francia se reservó el derecho de decidir sobre la suspensión o reducción de la pena o sobre los medios para hacerla cumplir.
Circunstancia que abría la posibilidad de que Florence Cassez no pagara en Francia el castigo por los delitos cometidos en México. Ese ha sido el argumento principal para presionar a Calderón a impedir la salida de Cassez y cumplir la petición de Sarkozy.
Pero, salvo hoy, en no pocas ocasiones ha habido indicios de que Calderón podría recular y acceder a Francia. Ahora, según lo dicho por el presidente mexicano, la posibilidad de que en su país incumpla la condena de 60 años dictada en su contra, y por la lucha frontal en contra de la delincuencia organizada, “en México nadie puede sustraerse al cumplimiento de la ley”, dijo el presidente.
Hasta aquí todo está bien. El problema latente es que el propio Felipe Calderón está orquestando campaña para su partido, el PAN, la víspera de las elecciones federales del 5 de julio. Y está haciendo uso y hasta abuso de cualquier circunstancia posible. Con todo y que no lo diga, la lucha contra el narcotráfico sigue siendo la bandera principal panista para atraer simpatizantes.
Y todo lo que suene a operativo en contra de la delincuencia organizada, más allá de algunos logros pírricos, suena a tinte electorero. Solo falta que, efectivamente, una vez pasando las elecciones, el presidente mexicano Felipe Calderón acceda a las presiones de Sarkozy y suelte a la francesa Cassez. El ambiente postelectoral nos dará la respuesta.
23/junio/2009.
miércoles, 23 de diciembre de 2009
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