Consejo de Seguridad

Resolver la inseguridad en el país no se logra sólo con un mayor número de policías, o aumentando las cárceles y la cantidad de detenidos; aún con los solados haciéndola de policía en las calles en todo el país, con más averiguaciones previas, etcétera, como lo asumió el presidente Felipe Calderón desde que subió a la silla presidencial, y como se reiteró en la XXXVI sesión del Consejo de Seguridad Pública ocurrido el día de ayer en Palacio Nacional, no únicamente el Ejecutivo sino igual por los funcionarios que operan el asunto de la seguridad, presentes.
La ley se aplicará con justicia y sin distingo, dijo Calderón en el Consejo de Palacio. Y reconoce que el verdadero problema es corroborar la existencia de redes de cobertura y protección al crimen “dentro de las propias instancias de gobierno”; además de las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de la justicia. Tanto en el orden federal, como estatal y municipal “sin distingo del origen político-partidista de los gobernantes”.
Reflexiones estas del presidente Calderón que hizo frente a los gobernadores presentes también, a quienes les manifestó, además, que los operativos de Morelos, Michoacán y Nuevo León no tienen más fines que la aplicación de la ley.
Reflexión creíble, la de Calderón, si las acciones en contra del crimen organizado en los estados mencionados, no estuviesen sucediendo en esta etapa previa a las elecciones del 5 de julio, si el marco de acusaciones desde su partido, el PAN, no fuesen la constante que abandera Germán Martínez Cazares; o si su partido tuviese la certeza de que la lleva de ganar en estas elecciones próximas. Con todo y la urgencia de actuar contra la infiltración de los narcotraficantes en las estructuras de los gobiernos locales, pero en un orden (desorden, mejor dicho) que no es de ahora.
También el abogado de la Nación, Eduardo Medina Mora, afirma ante la plana mayor del Consejo de Seguridad, que el camino seguido es el correcto, porque “fortalece al Estado, se construye ciudadanía y la ley es la forma necesaria para la convivencia”. Pero para ningún país es suficiente la acción meramente policiaca en el combate al crimen organizado; no se construye ciudadanía porque los ciudadanos no son tomados en cuenta —más allá de la denuncia anónima— para el diseño de una estrategia de combate a fondo de las bandas criminales. De hacerlo, seguramente que los ciudadanos, o mejor dicho, la sociedad organizada rechazaría la presencia del Ejército en las calles de las principales ciudades del país. Apoyaría, eso sí, otras medidas que tienen que ver con la capacitación de los policías, los exámenes antidrogas de los activos en todos los niveles, la planeación coordinada de otras instancias de gobierno y no sólo la cuestión meramente policiaca del asunto, con cárceles y condenas mayores.
Hace falta, eso sí, acciones como las que indica el propio Procurador General de la República, en el sentido de “diseñar programas para el servicio civil de carrera”, pero no basta. La justicia no se cumple arreciando medidas unilaterales. También profesionalizando a los ministerios públicos e involucrando más a los ciudadanos en acciones de prevención y educación. En organizar grupos representativos de ciudadanos para operar como vigilantes de los programas (¿cuáles?) de gobierno, en la supervisión de las acciones policiales o simplemente en la rendición de cuentas que no existe por ahora.
Porque el no hacer partícipe a la sociedad como lo está haciendo el gobierno de Calderón, sino todo lo contrario, como lo promueve con el cambio de corporativos (al menos de nombre para otorgarle mayores funciones), cual sucede con la muda de la PFP por la PFM que ahora tiene facultades de investigación de delitos y hasta de intervenir llamadas telefónicas “en pesquisas relacionadas con el crimen organizado” (facultades que incluso se superponen con las de la AFI), no resuelve el problema sino que lo complica y lo judicializa más.
En la misma tónica argumentaron otros ponentes sobre el asunto, pero no basta.

3/junio/2009.