A estas alturas del sexenio, lo poco o mucho que ocurra hacia adelante tendrá que pasar por el consenso previo entre todos los actores políticos y con el aval de los partidos políticos. Sobre todo los representados en el Congreso de la Unión; el Senado y la Cámara de Diputados. Más esta última que por la pluralidad que la conforma representa intereses múltiples.
Pero para arrancar bien, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa tendría que expulsar a varios de los secretarios de Estado, aquellos que no han dado los resultados esperados y que tampoco los darán si se quedan hacia el final del sexenio.
No partir de cero, pero casi sí. Con todo y la renuencia que caracteriza al PAN para cambiar a sus correligionarios, es a Calderón a quien le compete hace los cambios de gabinete. Y el asunto es muy sencillo. Si Calderón no retoma el rumbo del país a estas alturas, no obstante la premura de los tiempos, logrará lo menos. Quedará como el otro presidente frustrado del PAN, Vicente Fox Quesada, a quien la parálisis y el mero discurso arrastraron al país a la postración y a la inercia de foxilandia. Calderón corre el riesgo de quedar en el país de calderolandia. Porque los objetivos no se logran con discursos ni desdeñando a la realidad.
A Calderón no le queda de otra —si es que pretende conseguir lo menos hasta el fin de su reinado sexenal— que correr funcionarios. Si quiere con el pretexto de fusionar secretarías, como lo ha dicho después del otro informe ante las cámaras de la televisión allá en el Palacio Nacional. Si quiere operando enroques, pero en aquellas dependencias donde el país no tiene resultados hasta esta mitad del sexenio, no hay de otra.
En las dependencias encargadas de la seguridad y la justicia. Porque la inseguridad se ha apoderado de las calles y ninguna de las policías está operando algo ni con golpes de timón —menos con una política planeada desde arriba para contrarrestar los impactos de las bandas del narcotráfico y el crimen organizado— para contener las agresiones que se gestan diariamente en contra de la sociedad. Los titulares de las dependencias federales, la SSP y la PGR, son blanco de señalamientos y denuncias, más que de aprobación en sus acciones que emprenden para garantizar la seguridad de las personas.
Llegó el momento de meter a los militares a sus cuarteles. Pero antes debe darse la recomposición de las policías y los actuales titulares no lo harán, como no lo han intentado en estos tres años. Por eso la recomendación, con todo y que desde hace algunas semanas se menciona que tanto Eduardo Medina Mora como Genaro García Luna se van, de hacer los cambios.
En la secretaría de Economía también. Porque no hay reacción ni propuesta de medida alguna de la dependencia para contravenir la crisis, como no la hubo para enfrentarla con el mayor grado de eficiencia, desde su estallido a finales del 2008 y durante todo el 2009. En Hacienda, donde la política fiscal del titular lo único que pretende es ahorcar más a los cautivos y crear nuevos impuestos (necio con las medicinas y los alimentos), aparte de ampliar la base gravable y seguir con el régimen de exenciones y privilegios. En el Banco de México, porque el titular sólo tiene en mente la restricción monetaria para controlar la inflación, pero no se ocupa como sí ocurre en otros países, de incentivar con políticas monetarias el impulsar el crecimiento de la economía.
En la secretaría del Trabajo, porque el responsable de la política laboral no ha hecho nada más que confrontar a los sectores laborales (véase el conflicto minero); desde luego abusando del castigo empresarial bajo la sujeción de los trabajadores por las dos vías posibles: el control por los anquilosados liderazgos sindicales serviles al sistema, y por el impedimento a los aumentos salariales. En el campo, bien se trate de fusionar (o degollar) a Agricultura y la Sagarpa para crear una supersecretaría, bien remover a los secretarios que o han dado resultados para el sector agropecuarios. Y el desfile podría seguir, porque los problemas están latentes en casi todos los sectores importantes de este país. Ahí están también Bancomext y Nafinsa que, se dice, desaparecerían. Entre otras dependencias.
Pero ya sea para operar el decálogo propuesto por Calderón o sea para ir más allá de los “hechos” claramente “insuficientes”, aparte de los funcionarios que tendrían que salir del gabinete, se requieren las propuestas para modificar tanto las políticas de inseguridad, como de crecimiento económico y del desarrollo social. Y las reformas estructurales no son lo que se requiere, porque es claro que Calderón tiene en mente seguir con la ineficaz política de las privatizaciones del modelo neoliberal. Y eso es ya cosa del pasado y del absurdo, que ni los países desarrollados aplican.
Igualmente, cualquier cambio de fondo en la política responde a un consenso entre los actores que el PAN no ha logrado nunca. Porque ni tiene ni ha hecho propuestas. Y no se puede operar meramente sobre el papel. Sin iniciativas no habrá tal cambio de políticas; no habrá tal reforma política, siquiera electoral. No habrá tal cambio de rumbo. Sólo los costos que la gente se cobrará en la próxima elección presidencial. Ese será el otro informe, el que den los electores en tres años.
3/septiembre/2009.
jueves, 24 de diciembre de 2009
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