Rescatar el Procampo

El priista sinaloense y excandidato presidencial, Francisco Labastida Ochoa, no pudo defenderse, luego de las críticas que recibiera el día de ayer, y de los señalamientos en el sentido de que su hermano, Juan Enrique Labastida Ochoa, es beneficiario del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo). Solo dijo que no lo sabía. Pero es la punta del iceberg.
Como él, muchos de los grandes productores del campo, empresarios y familiares de influyentes políticos y hasta agroexportadores, son los que reciben los apoyos que se otorgan al campo vía el mismo Procampo.
La “falla” es de origen. Y estuvo en la integración de dicho padrón. Donde influyeron fuertes intereses económicos y políticos, que incluyó a funcionarios, gobernantes y líderes agrarios, entre otros. Así, el padrón tiene entre sus joyas —omnipresentes—, a muchas de esas personalidades.
Están, por ejemplo, el actual secretario de Agricultura de Sinaloa, Jorge Kondo López y el propio gobernador del estado, Jesús A. Aguilar Padilla. Pero se mencionan también, a José Luis Fox Pont y a José Luis Fox Quesada, padre y hermano, respectivamente, del expresidente Vicente Fox. El papá, en San Francisco del Rincón, aparece con recursos desde 1999 para 40 hectáreas. En tanto el hermano, José Luis, quien percibió en el 2000, 11 mil pesos, para el 2006 la cantidad se elevó hasta 106 mil pesos, siendo ya presidente el hermano.
Y eso que desde el “equipo de transición” de Fox, se propuso “refocalizar los subsidios al agro, establecer un sistema de comercialización que elimine el intermediarismo y hacer más transparente el manejo de los recursos”. Lo que significaba, también, ser más útil al productor, dineros más prontos y expeditos y “con nombre y apellido”.
Siguen subsidiados el exgobernador de Durango y exlíder de la CNC, Maximiliano Silerio Esparza. Y en el Edomex, están Enrique Peña Nieto y el hermano, Arturo Peña. Los dos perciben subsidios por hectáreas ubicadas en el municipio de Acambay, lugar de origen del padre de ambos. En Zacatecas, los hermanos de Monreal, David y Cándido, están empadronados en Procampo y entre los dos alcanzan montos por casi 3 millones de pesos en subsidios. Susana y Rodrigo Bours, hermanos del gobernador por Sonora, igualmente están en la lista. También hay beneficiados en estados como Veracruz, Chihuahua y Tamaulipas.
Procampo había surgido el 15 de julio de 1994, para reforzar al campo con la entrada en vigor del TLCAN en el sector, previendo la eliminación de los subsidios y los precios de garantía. Pero igual se proponía apoyar a los pequeños productores para sacarlos de la miseria y que produjeran para el consumo nacional, objetivo que se desvirtuó desde el momento en que los beneficiarios fueron elegidos con criterios estrictamente políticos.
El plazo para finiquitar el Procampo era en 2008, pero en septiembre de ese año, Aguilar Padilla, logró que la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) respaldara la propuesta de prolongar por 10 años más dichos subsidios.
Recién que surge el debate sobre el campo, salen a la luz pública las corruptelas. Subsidios dirigidos para políticos y empresarios, en varios estados de país, para productores que nada tiene que ver con el objetivo inicial del programa, de apoyar a más de 2.2 millones de productores rurales que destinaban su producción al autoconsumo y estaban al margen de los sistemas de apoyos basados en la producción comercializada.
En cambio, el campo padece una de las peores crisis de su historia. Es la época de la entrada en vigor del TLCAN y de la ley del mercado “dirigido”, porque los beneficios vía “subsidio” llegan a donde no se requiere para resolver la problemática del campo mexicano.
Para resolver los problemas del campo hay que ir más allá de los subsidios. Y urge, porque lo peor de la crisis económica en México es la fragilidad que deriva de la dependencia alimentaria. La soberanía se ve amenazada con un campo mutilado e instituciones convertidas en “elefante blanco”, como la misma Sagarpa. Así lo planteó recientemente el diputado Alfredo Ríos Camarena.
De tiempo atrás, dijo Camarena, y así lo asentó De Nuevo El Día, (16 de julio pasado): se cambiaron las políticas del campo que pretendían la construcción de una base social bien remunerada a través de precios justos, de comercialización justa, a través de la repartición de la tierra, de la repartición del agua. Pero todo eso cambió hace muchos años. Se convirtió en un campo que sólo recibe limosnas caritativas, en vez de instrumentos productivos. Por eso urge una nueva ley agraria, para recuperar el atraso del sector.
Hace falta, en fin, rescatar el campo de la crisis que padece, así como de las manos del crimen organizado que se insinúa controla un elevado porcentaje del suelo para siembra de enervantes. Un asunto todavía más peligroso.
Reencauzar los subsidios, como lo propone el todavía líder de la Cámara, César Duarte, porque son “inaceptables los favoritismos por la entrega de recursos” dirigida a los que no lo requieren. El Procampo, por lo mismo, es rescatable. Por los campesinos y por la soberanía alimentaria.

29/julio/2009.