Chavarría, asesinato

Crimen político. Como muchos que se suceden en el país desde hace algunas décadas, el asesinato del otrora presidente de la Comisión de Gobierno de Congreso del Guerrero, Armando Chavarría Barrera, ocurrido en Chilpancingo tiene serios nubarrones. Consumado el hecho que causó zozobra en el país, pronto vinieron las condenas generalizadas y surgieron las especulaciones sobre los posibles autores no sólo materiales como intelectuales, así como los móviles. Todo apunta a que se trató de un crimen político. Al menos esas son también las primeras explicaciones del vil y certero atentado, principalmente de la directiva perredista nacional que ha acudido al estado a condenar los hechos y a montar guardia de honor ante su féretro.
Como en todo crimen, lo primero que sale a colación es la descripción de los hechos, las huellas de lo meramente policiaco. Se trató de un grupo armado de cuatro sicarios que lo cazaron alrededor de las 7 de la mañana a las afueras de su domicilio, y le dispararon con armas de calibre 9 milímetros, impactándolo con al menos 10 balas y para rematar —al estilo del crimen organizado— le aplicaron el tiro de gracia.
Pronto los hechos los tomó como base la policía ministerial local, pero en la medida que se trató de armas de uso exclusivo del Ejército, la PGR puede entra en coadyuvancia para investigar también. Así lo propuso, además, el presidente Felipe Calderón al manifestar las condolencias al gobernador Torreblanca por los hechos que le quitaron la vida al líder del Congreso Local.
El político Armando Chavarría Barrera, era un activo perredista, pero también un posible sucesor del actual gobernador —la mejor carta—, porque resaltaba como el más viable candidato por el PRD a la gubernatura estatal.
Chavarría había sido colaborador estrecho de Torreblanca en Guerrero, al menos durante los primeros tres años, donde se había desempeñado como secretario de Gobierno; no obstante luego guardaría su distancia de Zeferino Torreblanca. El distanciamiento motivó los señalamientos de que fuera el gobernador el más interesado en sustituirlo de la coordinación perredista del congreso local.
Pero su relación en las últimas semanas se había restablecido, como dijo Torreblanca, porque habrían dirimido sus diferencias y decidido caminar juntos hacia el proceso interno del PRD para la definición de la candidatura local en el 2011.
Así los hechos, para los dirigentes perredista nacionales, Jesús Ortega Martínez y Alejandro Encinas, el crimen de Chavarría no sería fue obra del crimen organizado, por lo que se incurre en un asesinato de tipo político; de un crimen político. Porque no hay evidencia de liga de los hechos con el narcotráfico. “No cabe abrir otras líneas de investigación para crear una cortina de humo”, expresó Encinas.
Se trata, agregó Jesús, evidentemente de un asesinato político y forma parte de una secuela de violencia que ha causado la muerte de al menos 25 militantes perredistas en el presente año, 20 de ellos en este estado”. A lo que el PRD demanda, como es de comprender, una explicación de los hechos y el castigo a los culpables.
No obstante, aún sin indicios claros, el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, desde la reunión de procuradores que se realizó jueves y viernes en Cancún, dijo que no se descartaría la posible implicación de los carteles de la droga. “Porque Guerrero vive una situación delicada por la lucha entre los carteles de La Familia y de los hermanos Beltrán Leyva”, dijo. Pero tampoco se puede ligar el asesinato con el narcotráfico. Al menos hasta el momento.
Algo similar describió el procurador estatal, Eduardo Murueta Urrutia. Pero él sí dijo que no se descarta que detrás del asesinato estén los carteles de La Familia michoacana, o células de los Beltrán Leyva. Como otras líneas de investigación. Sin embargo, señaló también: “hay personas que se aprovechan del enfrentamiento” entre las bandas del crimen organizado.
Todavía vale decir que resulta sintomático el retiro de la protección que le brindaban cuatro agentes a Chavarría, por orden de las Secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública de Guerrero, y de la Procuraduría de Justicia local, desde hacía cuatro meses.
Igualmente es un indicador importante lo dicho por los reporteros desde la ciudad donde se perpetró el asesinato, en Chilpancingo, en el sentido de que el mismo Chavarría había anunciado —el pasado miércoles— que a partir del lunes siguiente (o sea este 24) el despacho Méndez Mancilla y Asociados realizaría una revisión contable a la Auditoría General del Estado, que preside Ignacio Rendón Romero, quien es acusado de desvío de fondos y de pedir favores a algunos alcaldes, a cambio de aprobar las cuentas de sus ayuntamientos.
El caso es que, el crimen se perpetró a unos cuantos meses de la convocatoria para elegir las precandidaturas al gobierno del estado. Un escenario del posible crimen político, pero tampoco se descarta la hipótesis criminal.

21/agosto/2009.