Saqueo municipal

Hasta ahora, en estos años aciagos cuando el país es gobernado desde la Presidencia de la República por el Partido Acción Nacional (PAN) durante los últimos nueve años, ya no es novedad la mención de que muchos de los 2,438 municipios están en quiebra técnica. Desde que comenzó a registrarse la baja en los ingresos del gobierno federal, derivados de la caída de las exportaciones y venta del petróleo, no obstante que el titular de la hacienda pública, Agustín Carstens, puso oídos sordos al problema de los flujos a los estados y municipios, la mayoría de los presidentes municipales comenzó a quejarse de arcas públicas vacías.
Ciertamente que se trata de un tipo de problemas que afecta a los municipios, por el entorno difícil, y más se complica cuando los fondos no fluyen en tiempo y forma, desde y hasta, los mismos estados de la República. Asunto que va aparejado a otro que tampoco se justifica y tiene que ver con los subejercicios que se registran en montos elevados, bajo ningún pretexto justificable, por parte del gobierno federal que controlan los panistas. Con todo y que no debiera ser, en la práctica, un gobierno parcial sino institucional; no lo es porque favorece a los gobiernos dignos de su filiación panista y desoye al resto sin importar la gravedad de situaciones.
Circunstancias nada sencillas de comprender, porque abundancia o miseria, la misma que debiera repartirse, más bajo los principios de un federalismo real bajo el respeto de las autonomías locales y los ejes de todo Federalismo destinado al combatir las desigualdades, la distribución pronta y expedita de los recursos, el aliento a la participación social y preocupado por la modernización de las instituciones básicas, como en el caso municipal. Al menos bajo el contexto de la preocupación de un ejercicio democrático y, por tanto, respetuoso de ese federalismo que sienta nuestra Constitución Política en atención de la sanidad de la República y del desarrollo democrático nacional.
Pero otro tipo muy distinto de problemas son los que se derivan del saqueo de las arcas municipales cuando se dan los cambios de gobierno. Sobre todo los que devienen de los relevos de partidos, como sucedió en la pasada contienda electoral del 5 de julio, donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) le arrebató presidencias municipales tanto al PAN como al Partido de la Revolución Democrática. Es innecesario referir el listado de los municipios en comento, pero el caso del Estado de México es especial.
El caso es que, tanto gobiernos panistas como perredistas, aplicaron el principio del famoso “año de Hidalgo”—mal dicho por lo del nombre Hidalgo—, que responde al saqueo literal de los bienes con que se arman los cabildos para realizar sus tareas. Pero las quejas son generales. Tanto en el municipio de Netzahualcóyotl, municipio gobernado los últimos tres años por el PRD, como el de Naucalpan o Cuautitlán Izcalli, gobernados por el PAN; en estos casos se llevaron todo. Desapareció desde el equipo de cómputo, papelería y muebles, hasta unidades de transporte y todo lo que se pudo mover como bien mueble. Es decir, que literalmente se robaron todo. Los anteriores funcionarios, servidores públicos; más bien, servidores de lo público.
Por supuesto que estas situaciones complican desde la entrega-recepción de las oficinas—lo que ha ocurrido en las últimas semanas—, como y sobre todo, el retomar las actividades normales de aquellos trámites y servicios que se prestan en toda oficina municipal. Si el asunto quedara en eso, quizá no sería tan grave, como los montos de deuda pública que, además, heredaron los anteriores presidentes municipales.
Para poner algunos ejemplos, digamos que en el municipio de Naucalpan, el anterior ocupante de la oficina principal, el panista José Luis Durán Reveles, dejó una deuda por un monto de 1,200 millones de pesos. Y otro tanto ocurrió en el municipio de Ecatepec, donde el adeudo quedó en 1,100 millones de pesos. Aquí, curiosamente, José Gutiérrez Cureño heredó a Eruviel Ávila Villegas ese monto, aunque no tan alto como el propio Eruviel lo dejara hacía tres años cuando fue el presidente del mismo Ecatepec.
El colmo de los colmos fue el adeudo de los 2 mil millones de pesos que heredó como monto el presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, el panista David Ulises Guzmán Palma, a la ahora presidenta municipal, Alejandra del Moral. Aparte del saqueo y la siembra de todo tipo de plaga, en las propias oficinas de cabildo, quedó a deber a proveedores y encubrió montones de aviadores en todas las áreas de gobierno.
Estos son algunos, o los más significativos, de los presidentes que heredaron deudas millonarias. Lo que procede es juzgar a los ladrones de los dineros públicos, o que se regresen dichos fondos; asunto que resulta no tan fácil.
En los demás municipios, el saqueo no fue menor, de unos 300 a 350 en miles de pesos como promedio.
Así, este tipo de hurtos al erario público, no sólo debe investigarse, también castigarse con todo el rigor de la ley. Porque una cosa es la situación crítica del país que afecte a los municipios, otra muy distinta la apropiación de los fondos públicos municipales con fines privados.

27/agosto/2009.