Lucha antinarco y Chihuahua

“Cuando una sociedad ve a sus fuerzas militares como una amenaza, o está equivocada la sociedad o están equivocadas las fuerzas militares”, así habla en entrevista exclusiva para De Nuevo El Día, el general en retiro del Ejército de Colombia, Henry Medina Uribe. Pero si esta tesis pudiera ser aplicable el ejército colombiano, no lo es para el caso de México.
Si bien en ambos países el Ejército está para defender la soberanía nacional y el orden institucional, tratándose de México dicha institución responde al Jefe Máximo de las Fuerzas Armadas, al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; al presidente en turno, en su momento el representante del Poder Ejecutivo, que ahora recae en la persona de Felipe Calderón Hinojosa.
Y en este sentido, la determinación de Calderón de “sacar” al Ejército a las calles —para declarar la guerra al narcotráfico y al crimen organizado en todo el territorio nacional—, respondió más bien a una decisión unilateral de presidente por un problema de legitimidad, dada la turbiedad de la elección por la que se hizo ganador de la silla, una suerte de “golpe de timón” al estilo de Carlos Salinas de Gortari, cuando asumió el poder y arremetió con toda la fuerza del Estado contra Joaquín Hernández Galicia, La Quina, para lograr así el apoyo de la sociedad.
Desde el arranque de su gobierno, la insistencia de Felipe Calderón fue en el sentido de contrarrestar la amenaza y la peligrosidad de las confrontaciones entre las bandas del narcotráfico, que en su pugna y control por las “plazas” en los estados del país regaron montones de cadáveres por todos lados, logrando finalmente, a un elevado costo, la aceptación de los mexicanos como presidente del país. Pronto las encuestas lo colocaron con un cierto grado de legitimidad, por la aceptación que le otorgó la población en su relativo éxito contra el crimen organizado que logró sacando al Ejército a las calles.
Luego entonces, el señalamiento inicial del general Medina, no cabe para México, porque a la sociedad mexicana le queda claro que las Fuerzas Armadas obedecen órdenes del jefe en turno; entonces, ni se equivoca el Ejército como tampoco la sociedad, porque quien se equivocó de entrada es el ahora presidente Calderón. Y si bien por ahora las cosas no parecen tan claras, ya lo estarán en lo sucesivo, cuando salgan a la luz pública todos los errores cometidos en este combate unilateral —porque así resulta en el fondo el combate al crimen emprendido por el presidente mexicano— de Felipe Calderón, y donde las Fuerzas Armadas saldrán raspadas a decisión de su jefe máximo.
Porque en tanto no sea una lucha por varias vías, bien planeada y no únicamente por el uso de la fuerza, no dará los resultados prometidos por el actual gobierno federal. Así, por ejemplo, hasta donde Calderón no está deteniendo a los “cabecillas” del narcotráfico. Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias El Chapo, no ha sido recapturado desde que se fugó de la cárcel de Puente Grande, Jalisco, durante el sexenio panista de Vicente Fox Quesada. Como si a Calderón no le interese detenerlo. Porque muy al contrario, se ensalzan sus proezas en Forbes, cuando se le relaciona entre los hombres más ricos del mundo con una fortuna de mil millones de dólares. Y ni se le investiga la riqueza, como tampoco las intrincadas redes financieras de los narcos mexicanos en general, ni en el país ni en los paraísos fiscales u aquellos otros que aceptan dólares sin chistar. Además, pese a declaraciones como las del arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, de que el narcotraficante vive en la ciudad de Guanaceví, a 300 kilómetros al noroeste de la capital, El Chapo sigue como Pedro por su casa. Activo y dejando narcomensajes, como aquél: “Con El Chapo nunca van a poder, ni sacerdotes, ni gobernantes”. Por qué tanta seguridad. No de gratis los recientes narcomensajes de los Beltrán Leyva-Zetas en Zacatecas, donde se acusa al gobierno federal y local de proteger al susodicho.
Pero no todo está perdido. Así resulta que el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, en un estado que ha sido golpeado en tiempos no muy lejanos por la furia de la narcoviolencia —recordemos la criminalidad que dio en nombrarse las “muertas de Juárez”—, está atendiendo el problema con seriedad. Sin señalamientos como ocurre con otros gobernadores en varios estados del país por los presuntos nexos con los narcos, Baeza está previniendo en varios frentes. A propósito de Colombia, el gobernador de Chihuahua ha firmado un convenio con ese gobierno para “establecer la asesoría y capacitación de los elementos de seguridad pública que conformarán el grupo antisecuestros”. Un grupo de élite. Pero no sólo el secuestro, también la delincuencia organizada. Como lo refiere César Duarte, que acompaña a Baeza de visita por Colombia: “Hemos visto herramientas novedosas, como la extinción de dominio, la persecución a los activos ilícitos, depuración de los cuerpos policiales y a la vez armándolos mejor”. Entre otras novedades, como la falta de una estrategia definida, “y un sistema de información confiable” en México. A nivel nacional nomás falta la decisión política. Como también, en su caso, romper todo nexo posible, ahora que se culpa al mexicano de ser un narcoestado.

24/mayo/2009.