La inseguridad y el pacto social

Hablando de la delincuencia organizada que se ha desbordado durante las últimas décadas en México, generando zozobra e inestabilidad social y política, y de la presencia de actividades ilícitas como el narcotráfico en todo el territorio nacional, sin poner oídos sordos hay culpables de diferentes instancias del Estado, por omisión o por comisión. Es decir, por corrupción o contubernio; por abierta participación o miedo a perder la vida; por asociación o negocio. No obstante caben los siguientes cuestionamientos…
¿Qué tanto los hombres encumbrados en el poder —trátese de aquellos que ocupan los niveles básicos, como los municipales; los intermedios, como los gobiernos estatales, y hasta la máxima instancia cual sucede con la presidencial— son los responsables directos o indirectos de la inseguridad que va surgiendo gradualmente y deviene posteriormente en amenaza, y se convierte luego en propagación de delitos contra la propia sociedad… al grado de flagelar incluso la estabilidad misma de los sistemas sociales, se transmite a los sistemas políticos, y además avanza hasta la expresión institucional de un país como el nuestro?
¿Qué tanto es responsabilidad de los gobiernos locales el desbordamiento de las actividades ilícitas, cuando se ven amenazados por delincuentes que enturbian la vida de los ciudadanos —aquellos que se organizan al grado de la conformación de bandas orquestadas con un fin que trastoca la tranquilidad de una comunidad—, si las mismas autoridades carecen tanto de la asesoría, como de la estrategia para enfrentarlos, al igual que los recursos indispensables; y de las policías locales suficientes en número y capacitación para contrarrestar los peligros, si en muchas ocasiones los presidentes municipales son olvidados, desatendidos en cuanto a la entrega de los presupuestos, y carecen de la asesoría para cuidar las prioridades de las personas; en un ambiente que se presta, por la amenaza contra la vida misma por parte de la delincuencia, a la tolerancia y hasta el involucramiento en estas actividades que, finalmente, son parte del compromiso federal?
¿Cuánto depende de los gobiernos de los estados el control de la proliferación de aquellas actividades delincuenciales, las encargadas del trasiego de las drogas por distintos territorios, cuando los orquestadores propagan miedo sembrando muerte a su paso en la lucha contra otras bandas por los mercados de cultivo y de consumo; cuando los autores del delito compran protección de autoridades, tienen los recursos para sostener ejércitos de sicarios bien armados —cooptan desertores del Ejército y compran asesinos a sueldo—, cuentan con autos blindados, medios de comunicación modernos, así como, incluso, el contubernio y la asociación de invitados especiales, como aquellos hombres encumbrados en las elevadas escalas del poder estatal?
¿Cuándo y quiénes, desde las más altas esferas del poder político en este país, o con derecho a picaporte, negociaron con los más poderosos delincuentes, al grado de brindarles protección, sacarlos de cárceles de seguridad, permitirles el libre flujo por circuitos sin control aduanal o territorial terrestre u aéreo; no detenerlos con todo y que hasta los curas saben dónde habitan y transitan porque caen cabezas pero de traficantes menores —los más fuertes son los que a contentillo de Estados Unidos son llamados a cuentas—, involucran en línea directa a políticos y hombres de negocios que comparten inversiones en bienes raíces, lavado de dinero y maletas llenas de dinero?
¿Dónde queda el involucramiento forzado de instituciones como el Ejército, en tareas que ni siquiera le competen, para toparse con un enemigo que otros dejaron o alentaron para crecer?, ¿dónde queda la calidad moral de los gobernantes que por un lado estiran la mano para recibir maletines, y por la otra presumen de la paja en el ojo ajeno?, ¿acaso los hombres del poder que alentaron el crecimiento de ese monstruo de las mil cabezas, propagando la inseguridad que ahora padece el país, pueden armar estrategias para un ataque frontal sin la inclusión de la sociedad —que resulta la más afectada en esto— y sin los medios de comunicación y sin un Ejército digno?, ¿acaso hay otros medios que no sean, finalmente, la promoción de un pacto social incluyente donde participen todos los sectores de la sociedad mexicana para impulsar acuerdos y estrategias únicas?, ¿acaso todo está en manos del gobierno, cuando éste ha demostrado que no puede, o incluso participa del flagelo porque representa un gran negocio? La unión hace la fuerza.

18/junio/2009.