¿Narcolegislador?

Tremendo escándalo causaron las declaraciones en México y el mundo que hiciera el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, de gira por París allá en febrero pasado (el día 18), cuando al hablar del combate al crimen organizado y el narcotráfico emprendido por el presidente Felipe Calderón, dijo que de no iniciar esa lucha “el siguiente presidente de la República sería un narcotraficante”. Ni atrevida ni temeraria la declaración. Sólo prendió los focos de alerta en el país, y también asustó el mundo.
Gran polémica causó igual en la etapa preelectoral pasada, cuando se habló de la imposibilidad legal del Instituto Federal Electoral para impedir la entrada de recursos de la delincuencia organizada a las campañas de los candidatos de los diferentes partidos.
Se habló de lo difícil que sería para la instancia electoral descubrir y frustrar las narcocampañas. No obstante, se advertía igualmente sobre este riesgo de que llegaran candidatos a los espacios de representación popular, tanto en los niveles estatales como el propio Congreso de la Unión.
Lo que sería peor, que los candidatos no sean solamente apoyados directamente por los narcotraficantes o delincuentes, sino que los mismos participantes de las bandas delincuenciales se registraran como candidatos. Porque caben ambas posibilidades. Que algunos candidatos reciban el apoyo ilícito, o que los candidatos sean ellos mismos.
De las dos maneras el peligro es igual de grave. Porque revelaría que si las estructuras de gobierno, municipales y estatales están infiltradas, o hasta son copartícipes, ahora estarían arribando a las representaciones legislativas para cooperar en los diseños de las nuevas normas.
Todavía mayor peligro. Porque entonces sí, el Estado estaría convirtiéndose en un narco-Estado, toda vez que las estructuras de gobierno dejarían de ser coadyuvantes para volverse narco-controladas por los delincuentes.
El tema viene a colación, porque el hecho de no hacer bien las cosas por parte de la PGR o la SIEDO, y no investigar a fondo lo que está sucediendo en Michoacán —como tampoco sucede en el resto del país— para detectar hasta dónde está involucrado el mismísimo gobernador Leonel Godoy con La Familia Michoacana, a quien le ha tocado el picaporte el crimen organizado, motiva que también se ignore lo que sucede con el “hermano incómodo”, Julio César Godoy Toscano.
Pero apenas ayer en la Cámara de Diputados se presentó el responsable del comité electoral del IFE en Michoacán, Santos Isauro Trejo, en la ventanilla de San Lázaro para entregar los papeles que acreditan al mencionado Godoy Toscano como el triunfador por mayoría de votos, para gozar de un escaño entre los diputados federales. Electo en el distrito 1, con cabecera en Lázaro Cárdenas del estado gobernado por Leonel.
Ello, tras indicar que, no hay notificación oficial alguna por parte de PGR sobre procedimiento penal en contra del diputado electo, no obstante ser señalado por sus presuntos vínculos con el crimen organizado que encabeza La Familia.
Porque no basta la impugnación electoral que hay por parte del PRI, ya que eso lo resolverá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación antes del 3 de agosto y no pasar a mayores.
Por esa ruta, el diputado electo, el hermano incómodo de Godoy, estaría tomando protesta el próximo 29 de agosto. Y con todo y por ahora sigue prófugo de la justicia, con señalamiento de involucramiento a cuestas. Pero por lo mismo, en tanto no haya órdenes de aprehensión en su contra, ni señalamientos formales como presunto delincuente, sin llegar por la puerta trasera porque no lo necesita, el hermano de Godoy será diputado de la LXI legislatura por los siguientes tres años y gozará del fuero constitucional.
Y de estar implicado —aunque no investigado ni procesado—, se habrá consumado así, lo que hasta hace algunos años era una amenaza o alguna peligrosísima posibilidad: que el narco llegue hasta los pasillos de San Lázaro. Que las instancias legislativas del país, y la máxima tribuna sea ocupada para defender tesis ajenas a los intereses populares; que es para lo que funciona el poder Legislativo en la Cámara de Diputados.
De ese tamaño es el riesgo, y está latente ahora más que nunca. ¿De qué estaríamos hablando de ahora en adelante, si es que se confirma la posible culpabilidad del hermano incómodo de Leonel? ¿Hasta dónde y hasta cuándo sostener y soportar la farsa? ¿Se calibra de qué tamaño está siendo violada la Constitución? ¿De qué tremenda ofensa para los ciudadanos, si es que el presunto se confirma? ¿Tan grave es el problema, que el Estado se estaría convirtiendo —ahora sí— en narcoEstado? ¿Hasta cuándo soportar semejante farsa?
La PGR debe detener tamaño asunto. Entre ahora y el 29 de agosto hay suficiente tiempo para investigar a Julio César Godoy Toscano antes de que tome posesión. El gobierno federal, el propio presidente Calderón y hasta el mismo Leonel Godoy, deben detener tan tremenda amenaza contra la nación y las leyes de este país. La cuestión no es para menos.

24/julio/2009.