Ejército, ¿hasta cuándo?

Cuantas veces sea necesario, hay que regresar al asunto de la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles. El Ejército como último recurso, de un Estado que mantiene alguna situación de emergencia, ligada con la inseguridad, cuando existe alguna amenaza de tipo interno, pero sobre todo para atender las que proceden del exterior como las relacionadas con alguna invasión desde algún otro país.
Pero con el gobierno del actual titular del Ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa, las cosas ocurren al revés. Esto es. En ningún momento solicitó opinión o permiso —con todo y que constitucionalmente el Presidente sea el Jefe Máximo de las Fuerzas Armadas del país— al poder legislativo, a la SCJN y mucho menos a la sociedad, para decidir enviar a los soldados a contrarrestar la ofensiva del narcotráfico y del crimen organizado por todo el territorio nacional. En algunos estados del país más, en otros menos.
No tanto fue una determinación unilateral del presidente —y por lo mismo, es el Ejecutivo el principal responsable de las consecuencias que está levantando la presencia del Ejército en las calles, como el referente al número de bajas de dicha institución—, como que se hizo sin realizar por lo menos dos diagnósticos necesarísimos: 1) El del diseño previo de un plan para determinar el mejor mecanismo de ataque (como cualquier Ejército que debe planear, simple y sencillamente, una táctica y una estrategia mínima antes de emprender una ofensiva hacia algún “enemigo”, del tamaño que fuere; pero recuérdese que no hay enemigo pequeño, ni que se pueda subestimar) contra los delincuentes sueltos en las calles de las principales ciudades del país y haciendo de las suyas; 2) La otra, que en ningún instante siquiera el Presidente Calderón se planteó, al menos como posibilidad, la purga o depuración, preparación y capacitación de las corporaciones policiacas, sean municipales o estatales, pero sobre todo las de corte federal, como la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Policía Federal Preventiva (PFP).
No obstante que recientemente la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se autorreformó y creó simplemente a la Policía Federal. Que cuenta con 30 mil elementos repartidos en divisiones de Inteligencia Policial, Antidrogas, Delitos Federales, Seguridad Regional, Servicios Judiciales y Ministeriales, y Fuerzas Federales. Pero es una reforma de estructura y de funciones, de operación pero no de mística laboral y de servicio.

El caso es que el uso (y abuso) de las Fuerzas Armadas es más impactante. Y, por ello, hace más ruido al sacarlo a las calles. Pero por lo mismo es más riesgoso. Y los errores señalados han sido cometidos por el responsable de esta determinación, y es quien levanta —o tiene que levantar— la cosecha y el costo político de tamaña decisión.
En la lectura de su mensaje a la nación, un día después de que el III Informe fuera presentado ante el Congreso de la Unión el 1 de septiembre, el presidente Felipe Calderón dejó entrever la posibilidad de meter al Ejército a sus carteles, pero ahora sus operadores políticos de partido, del propio PAN, están sugiriendo que esa situación debe seguir. Así lo ha expresado, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer: “Sabemos que no es la tarea que le corresponde al Ejército, pero hoy tenemos una realidad diferente y era la única alternativa”.
Así, pese al enorme peligro que representan las bandas organizadas que se disputan territorio, trasiego de drogas y mercado, en todo el país, la tarea de enfrentar es de las policías. Es complicado pero es la realidad. Sobre todo porque en esa falta de planeación, y de estrategia para enfrentar el flagelo, ni se ha investigado ni combatido a los policías involucrados en el delito que representan las bandas del crimen.
Tampoco, y mucho menos, a todos aquellos directivos de altos vuelos de las propias corporaciones policiacas, que trabajan con la sospecha del involucramiento bajo el delito de presuntos implicados. Los miles de millones que manejan las propias bandas organizadas, los maletines de dólares de alta denominación que hacen circular entre algunas de las autoridades, obligan a que el flagelo del delito se expanda. Y cuando ocurre lo menos, es decir, que no hay coludidos, también está la mera protección o flujo de información sobre las acciones de las policías que ponen sobre aviso a los delincuentes, ya sea para los operativos de rastreo en bodegas o en transportes, o de cultivo de las plantas y los laboratorios.
Los ríos de sangre que han corrido en varias partes del territorio nacional (tanto delincuentes como militares), hablan de la disputa de los espacios y del mercado, así como de la inacción de las altas autoridades en capacitar a las policías federales y brindarles la oportunidad de hacer su tarea. Eso, sin olvidar que una estrategia integral de combate a los narcos y criminales, pasa por un operativo en contra de las redes del sistema financiero. Fundamental para pegarles en el corazón de sus cuantiosos recursos con que operan tanto para sobornar autoridades de todo tamaño, como para seguir delinquiendo sin demora. La cantaleta de los decomisos se queda corta ante los montones de drogas, de delitos y de dólares que manejan. Entretanto, las Fuerzas armadas, como institución, sigue en entredicho.
Pero la decisión fue del presidente Calderón. Mientras más se tarde en sacar al Ejército de las calles, mayor será el desgaste y el costo político propio de una guerra perdida en sus orígenes. Una acción de gobierno que, a todas luces, anda de cabeza.

13/septiembre/2009.