En los motivos del conflicto reciente entre el Instituto Federal Electoral y las televisoras, Televisa y Tv-Azteca particularmente, pero también sky y cable, está que tras el arranque de las precampañas hacia el proceso electoral intermedio de este año, el pasado 1 de febrero las pantallas chicas no respetaron de inicio la agenda de las transmisiones.
Es decir, el IFE repartió el pautado, o el horario de tiempos diferidos en que las televisoras debían transmitir los espots –determinación que le corresponde por ley-, tanto de los partidos políticos como del propio Instituto. Ahora el IFE controla los 48 minutos que otrora administraba el Estado para fines electorales.
El problema, que se convirtió en una violación a la ley por parte de ambas empresas, es que decidieron transmitir de corrido hasta ocho espots interrumpiendo abruptamente otros programas en horario “triple A”, los días sábado y domingo anteriores. El argumento inicial, que no formal, es el de los compromisos previos. Pero eso no lo justifica.
Ante dicha violación de ley, al IFE le queda no sólo escuchar las razones de las televisoras sino iniciar el “procedimiento ordinario sancionador” respectivo que el Cofipe le confiere en su libro 5, ante el evidente desacato. Salvo que se negocie lo contrario.
Ese es el sentido de la reunión de ayer entre las partes: IFE, representantes de partido y abogados de las televisoras. Escuchar las razones de violentar el pautado, o las emisiones en horario diferido. Y lo menos que se espera, por parte del IFE, es que inicie el procedimiento respectivo por las inminentes violaciones a la ley.
No es para menos lo que está en juego: se trata de la emisión de 23 millones y medio de espots entre el 31 de enero y el 2 de julio (para los partidos tres días antes de la jornada de votación) y para el IFE hasta el día 5, con su respectiva remuneración.
En fin, que el último frenesí de las televisoras que reaccionaron emitiendo espots empastelados el domingo pasado, tiene jiribilla en por lo menos un triple sentido: 1) siguen manifestando su inconformidad por la reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 2007 y que entró en vigor en enero del 2008; 2) los importantes montos que significan las campañas electorales para la pantalla chica, y que dejaron de ser negociables directamente con los partidos, particularmente los tres grandes: PRI, PAN, PRD, y se diluye entre los demás medios de prensa; 3) llamar la atención sobre el poder manifiesto, y la trascendencia de su participación en la realización de los procesos electorales en el país, trátese de elecciones intermedias o de las presidenciales.
En el fondo, las televisoras se niegan a aceptar la reforma constitucional del 2007, porque ahora los partidos no pueden comprar el tiempo aire directamente en la radio y la televisión durante los procesos electorales. Entre otras razones.
07/febrero/2009.
lunes, 21 de diciembre de 2009
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