Instrumento fundamental de la vida institucional de la República, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumplió ayer su 92 aniversario. Promulgada en 1917 por el Congreso Constituyente de Querétaro, siendo el presidente Venustiano Carranza, desde entonces a la fecha la Carta Magna ha navegado entre su necesaria prestancia y su pretendida obsolescencia.
Directriz del Estado de derecho y del proyecto de la vida nacional, destaca por el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas en su pretendido ordenamiento de la vida social, de la actividad política y económica de los mexicanos.
Además, la Constitución ha sido el baluarte de la esperanza de un mejor nivel de vida y de convivencia pacífica entre los mexicanos. No obstante, si bien la Constitución mexicana fue una de las primeras en reconocer las garantías individuales como derechos elementales de los ciudadanos, también ha resultado una de las más burladas por los hombres detentadores del poder en turno, en lo referente a las acciones de la vida política y de gobierno.
Es decir, si bien ha sido faro que guía a los mexicanos entre las tempestades (políticas y económicas) que han brotado desde la posrevolución a la fecha (pasando del desarrollo estabilizador al neoliberalismo, y del presidencialismo autoritario a la figura del presidente débil), también ha sido objeto de violaciones cuando le han endilgado, por ejemplo, facultades “metaconstitucionales” a la actuación del presidente en turno.
Es decir, muchas de las actividades del Estado y del gobierno se han mantenido por encima del ordenamiento constitucional, pero también se ha incumplido con otorgar certidumbre a los sistemas de justicia, a los derechos humanos, al régimen político y al federalismo en nuestro país. Hay señalamientos que apuntan hacia la violación de todos estos principios, razón por la cual, o bien se pugna porque se respete a la letra el ordenamiento legal —sobre todo aquellos sectores que devienen víctimas, como los campesinos y los indígenas, etcétera-, o bien que se modifique su articulado para acomodarlo a las nuevas condiciones de vida y convivencia entre los mexicanos.
Pero a la fecha, desde su promulgación y a falta del consenso necesario para sentar en la mesa de negociación (una suerte de Acuerdo de la Moncola, siguiendo el modelo Español en la materia) a todos los actores involucrados en la vida de la República; lo que queda es una serie de parches mal pegados en que resultan los casi 500 cambios realizados en las nueve décadas transcurridas.
La última legislatura, la LX, por ejemplo, reformó en casi un tercio la Carta Magna al aprobar 44 modificaciones que se suman a las ya realizadas con anterioridad. Sin dejar de mencionar que hay en la congeladora de Congreso más de 1000 iniciativas de reformas en espera de ser aprobadas.
Por eso sigue en pie la petición urgente de elaborar un nuevo marco constitucional, porque los grandes problemas nacionales que describió Andrés Molina Enríquez para los años 20 del siglo XX, como el dinosaurio de Augusto Monterroso, en pleno XXI siguen ahí.
06/febrero/2009.
lunes, 21 de diciembre de 2009
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