Extinción de Dominio

Tras la propuesta de convertir en Ley la Extinción del Dominio por parte del Poder Legislativo, se han levantado las críticas por los riesgos que conlleva para los ciudadanos de a pie. Y es que si bien el objetivo es claro, el de incautar los bienes derivados de actividades ilícitas de bandas del crimen organizado en México, su aplicación pone en duda la orientación del juez y los criterios de los policías judiciales encargados de llevarla a la práctica.
La discusión en comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado, arroja que el próximo jueves podría subirse la iniciativa al pleno para su aprobación, toda vez que se han atendido las diferencias de fondo presentadas por los partidos políticos, referentes a posibles lesiones a las personas. Sólo falta ponerse de acuerdo en detalles para los tres paquetes de redacciones que hay.
Pero la preocupación va más allá de diferencias semánticas, porque las críticas están comenzando ya; tanto despachos de abogados como la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) están reaccionando. Hay abogados que han señalado claramente que la iniciativa del Ejecutivo de Ley de Extinción de Dominio es violatoria de los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, por al menos los siguientes motivos: habrá mexicanos que no sabrán a quién o quiénes les renten alguna propiedad, y la misma sea utilizada para actividades ilícitas; pero igual hay policías que, con tal de justificar su trabajo “siembran droga en los inmuebles, dejando en completa indefensión a las personas”, según abogados consultados por De Nuevo El Día. Como mal le ocurrió a la Miss Sinaloa, Laura Elena Zúñiga, y al candidato a diputado federal por el PRD en el Edomex, Mario Moreno Conrado, quien ganó la candidatura aún estando detenido.
Pero también el ombudsman general, José Luis Soberanes Fernández, se ha pronunciado por interponer una demanda de acción de inconstitucionalidad ante la SCJN en contra del Proyecto de dicha ley, a fin de no afectar las garantías individuales. Ya antes, el propio organismo garante de los derechos humanos emitió una recomendación a Derechos Humanos del DF, la CDHDF, donde señala las anomalías detectadas, como las de la reparación del daño dentro de la acción de la extinción del dominio, y otros motivos que resultan en claras violaciones de las garantías individuales de los habitantes de la ciudad de México.
No obstante, por su parte, el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, defiende la iniciativa de extinción de dominio, argumentando que será una acción efectiva que permita a los mexicanos acceder a bienes que hayan sido obtenidos a partir de actividades ilícitas. La meta es golpear a la delincuencia donde más de duele: en el aspecto financiero y patrimonial.
Y el objetivo puede ir más allá, como señalan algunos legisladores, ya que el dinero que ingrese producto de la extinción de dominio, deberá ingresar a la hacienda pública, para no dejar cargos administrativos al ministerio público que pervierta los procedimientos. El problema es que el primer involucrado es el MP, y desde ahí está parte de problema y la indefensión para el ciudadano, por los abusos consabidos.
No obstante también hay quienes previenen sobre el incremento de juicios civiles y mercantiles, como sucederá con la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio en el Distrito Federal, que en su caso fue aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal desde el pasado 25 de noviembre del 2008 y entró en vigor el lunes 8 de diciembre del mismo año. También con la buena voluntad incluso de compartir el fruto de lo incautado, que no está mal: destinar un 50 por ciento al Fondo de Apoyo de la PGJDF y el otro 50 por ciento para el bienestar social.
El caso es que desde entonces, la CNDHDF hace caso omiso a los diversos problemas de inconstitucionalidad que por dicha ley ha indicado la CNDH. En tanto el gobierno del DF está en la mira ciudadana.

29/marzo/2009.