El sí al aborto

Espaldarazo a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), fue el que le asestó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el tema candente de apoyar a aquellas madres que deciden interrumpir un embarazo no deseado durante las primeras 12 semanas de gestación.
Lo que hizo la SCJN fue únicamente oficializar la posición tomada desde el 28 de agosto de 2008, cuando otorgó su aval a la ley que emitió el órgano legislativo local en la ciudad de México.
El argumento es que los legisladores del DF, en pleno uso de sus facultades, sólo tomaron en cuenta el incipiente desarrollo del embrión y la seguridad y facilidad de la interrupción del embarazo, sin graves consecuencias para la salud de la mujer en contraposición.
“Este Tribunal -–dicta la Corte–- considera que la medida utilizada por el Legislador resulta de este modo idónea para salvaguardar los derechos de las mujeres, pues la no penalización de la interrupción del embarazo tiene como contraparte la libertad de las mujeres para que decidan respecto de su cuerpo, de su salud física y mental e, incluso, respecto de su vida, pues no podemos desconocer que aun en la actualidad, como lo refiere claramente el legislador del Distrito Federal en su exposición de motivos, existe mortandad materna”.
Esto conforme a la sentencia que redactó el ministro José Ramón Cossío, y fue aprobada por la mayoría de ministros que se pronunciaron por tales reformas, en atribución exclusiva de los congresos locales de legislar en torno a la despenalización del aborto.
Y si bien la ALDF no cuenta con todas las atribuciones que en materia legislativa poseen los congresos de los estados de la República, quienes ejercen la autonomía correspondiente, al menos tiene el respaldo en aquellas materias que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce en su Artículo 122, y ejerce mediante el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. En este caso por el máximo tribunal del país, la Suprema Corte, quien igual le notificó del acuerdo a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Recordemos que el tema es polémico porque involucra todo un debate, moral y hasta religioso, de si la madre tiene derecho o no a decidir sobre la vida que lleva consigo; no obstante dejar de lado las circunstancias mismas de la concepción –-como ocurre con una violación--, cuando se convierte en un ser no deseado por el traumatismo de origen. Pero sobre todo el peligro que representa para la mujer el caer en manos de médicos inexpertos, o algún hospital insalubre, costoso y peligroso. Las cifras no son menores de las mujeres que se suman a la estadística de las defunciones por el aborto mal practicado.
A partir de ahora, asociaciones civiles como Provida que dicen defender la vida sin más, y dejan de lado la problemática a la que se enfrentan aquellas mujeres que no quieren ser madres porque así lo deciden, no les queda más que acatar la legislación porque es su vida y es su cuerpo.
En otras palabras: no se trata de un asunto de moral, sino de vida o muerte. Es un problema de salud pública. Incluso de reconocer la realidad, pues incluso mujeres religiosas también ocurren al aborto para no involucrarse en problemas mayores.
Por lo tanto, ni siquiera con la amenaza de la vía penal se resuelve el asunto de la gestación; mucho menos con la soterrada intención de la discriminación a la mujer. Enhorabuena la decisión de la Corte.

2/marzo/2009.