El río suena en Zacatecas

Dicta el refrán que cuando el río suena es porque agua lleva. Y eso lo saben muy bien todos aquellos que tienen el privilegio de crecer en una tierra provinciana, como la de Zacatecas, de inspiración poética para Ramón López Velarde, y muchos más.
El cerro de la Bufa —nombre que le dio Juan de Tolosa: “Bufa”, es palabra de origen aragonés que significa “vejiga de cerdo”—, que ve desde lo alto a la ciudad capital en una hondonada, está tronante, más ahora que le llegó el escándalo.
La increíble fuga y/o rescate de 53 reos de alta peligrosidad de la cárcel de Cieneguillas, encendió los focos rojos sobre los penales del país. Fueron personas con uniforme y logos “falsos” de la AFI y la Policía Preventiva. A la vez puso sobre la mesa de la discusión el papel que están ejerciendo los altos mandos de los penales y el gobierno federal, del sistema penitenciario.
Se trata de un asunto de por lo menos doble vertiente: el claro contubernio entre las autoridades de los penales (hay 495 centros penitenciarios en el país) que permite este tipo de acciones, y preparativos para fugas de la magnitud de Cieneguillas; también la irresponsabilidad de las autoridades federales de admitir que las cárceles —o como pomposamente se les dice: prisiones de “alta seguridad”, o los Ceresos, Centros de Readaptación; más bien auténticas escuelas de la criminalidad— se conviertan en pocilgas donde los reclusos viven hacinados y bajo las peores condiciones infrahumanas.
Una cosa es que se trate de delincuentes “de alta peligrosidad”, o que hayan violado las leyes; otra muy distinta es que sean tratados con repudio. Si delinquen contra la sociedad tienen que purgar una condena, pero no tendrían porque vivir en el castigo permanente y soportando las amenazas de aquellos que tienen el poder del dinero para comprar protección, y tener como “amigos” a las autoridades de los penales. De las condiciones en las que viven tienen responsabilidad la autoridad federal.
Pero la fuga de Cieneguillas ocurrida el 16 de mayo generó señalamientos mutuos entre la actual gobernadora, Amalia García Medina, y el senador y también exgobernador, Ricardo Monreal Ávila, porque el problema va más allá de la detención de custodios y directivos del penal. Las acusaciones son por los presuntos nexos con la narcopolítica.
Dícense las comadres; será lo que se saben. Pero entre los fugados están dos de los detenidos en la procesadora de chiles perteneciente a la familia Monreal, donde se decomisó un importante cargamento de droga. Tras el operativo de “rescate”, pronto se argumentó que los que orquestadores de la fuga son integrantes del cartel del Golfo. Pero también están presentes Los Zetas, es el cártel del Golfo-Zetas que llegaron a disputarle la plaza a El Chapo, desde mediados del 2007.
Este cártel tiene como aliados a los Beltrán Leyva, y son los que controlan el tráfico de drogas, los giros negros, secuestros y la “venta” de protección en la capital del estado. Se presume que dicha lianza entre los cárteles del Golfo-Zetas y los Beltrán Layva opera desde el 2007, en al menos una tercera parte de los municipios del estado. Donde además de Zacatecas están Fresnillo, Jerez, Tepechtitlán, Tlaltenango, Chalchihuite, Sombrerete. En esas tierras se libra una batalla encarnizada contra integrantes de El Chapo Guzmán.
La campaña de narcomantas de agosto de 2008, emprendida por los Beltrán Leyva y Los Zetas, acusaban a las autoridades federales y al Ejército de proteger a El Chapo. La ciudad de Fresnillo, cuyo alcalde es David, hermano de Ricardo Monreal, ha sido escenario de dichas narcomantas. También se ha incrementado la extorsión a empresarios de la zona.
Una cosa es, lamentablemente cierta, Zacatecas dejó de ser hace mucho tiempo simple zona de paso de cargamentos de droga rumbo al norte, para convertirse en zona de siembra y procesamiento. El narcotráfico no florece sin el contubernio de autoridades tolerantes o protectoras. Así ha sido en aquellos estados donde la amenaza del crimen organizado es todavía mayor.
Si bien del pasado mediato Ricardo Monreal debe responder como exgobernador, también del presente la gobernadora Medina. Las acusaciones mutuas no son artilugios de una simple disputa electoral entre dos corrientes del PRD, por el estado. Tiene otros motivos. De la narcopolítica deben aclarar.

21/mayo/2009.