Ambivalencia de la SCJN

Contradictorias, por decir lo menos, resultan las posturas de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su revisión, durante la segunda sesión de análisis del caso San Salvador Atenco, y la trifulca de los días 3 y 4 de mayo del 2006, al proyecto de resolución presentado por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.
Diez de los once integrantes, en voz del ministro Presidente de la Suprema Corte, Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia, aceptan que sí hubo violaciones a los derechos humanos, y el consenso se suma en cuanto al uso de la fuerza pública que, dicen, estuvo plenamente justificada. Pero luego vinieron las diferencias en lo referente a la culpabilidad de tales actos por el uso de la fuerza.
Por un lado están aquellos que señalan responsabilizar como presuntos a las cabezas visibles, Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, y al entonces titular de Seguridad Pública, la SSPF y hoy Procurador General de la República, Eduardo Medina-Mora Icaza. Fue el caso de Genaro Góngora, para quien los operativos resultaron una venganza planeada al estilo de los regímenes represivos de los años setenta --y ochenta, le faltó agregar--, donde los superiores jerárquicos de los policías son los autores intelectuales de los abusos.
Por el otro, los ministros como Mariano Azuela y Margarita Luna, quienes sostienen que las violaciones ocurrieron durante las detenciones y los traslados. Ahí hubo violaciones graves de garantías en cuanto al uso excesivo de la fuerza en relación con las detenciones, la inviolabilidad del domicilio y lo abusos sexuales cometidos contra mujeres que fueron trasladadas al penal. La actuación de los cuerpos policiacos, planteó Azuela, fue justificada en la medida en que respondieron a las agresiones de los manifestantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Y lo que ocasionó el enfrentamiento fue la conducta de los manifestantes ante la renuente actitud de obedecer el mandato emitido por la autoridad competente, lo que no puede derivar en un uso ilegítimo de la fuerza.
Justificaron la participación de la Corte, en voz de su titular Ortiz Mayagoitia, los actos crueles e inhumanos estaban acreditados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para, posteriormente, señalar la posible tendencia de la resolución sobre este caso: fijar límites al uso de la fuerza, más allá de un reproche o carga moral. O como lo señaló puntualmente Margarita Luna: se requiere legislar sobre el uso de la fuerza pública, con reglas de conducta para el uso de las policías.
Lejos de las omisiones en que insiste Góngora Pimentel, en el sentido que el proyecto soslaya la importancia de los mandos superiores bajo el argumento de que no hubo instrucciones de ejercer la violencia. O, lo que es lo mismo, la votación pospuesta para la tercera sesión de este jueves podría apuntar, entonces, a exonerar a los mandos superiores que implican, tanto a Peña Nieto como a Medina Mora.
Ese sería el fondo de las ambivalencias de la Corte.

11/febrero/2009.