Segundo país más peligroso para el ejercicio de medios, en México las agresiones contra periodistas quedan impunes. Trátese de hechos violentos o de crímenes, ambas modalidades corren la misma suerte. El problema es que no sólo entre los comunicadores, también frente a la sociedad, los hechos pasan de la protesta al olvido en poco tiempo.
Indiferencia aparte: según el informe de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra Periodistas (FEADP) de la Procuraduría General de la República (PGR), presentado por su titular, Alberto Orellana Wiarco, el 9 de diciembre pasado, sólo tres de los 25 asesinatos perpetrados contra informadores entre los años 2007-2008, tienen relación con la actividad profesional.
El problema es que al poder le incomodan los resultados del ejercicio periodístico, de información y análisis, de los acontecimientos que le implican. Si son favorables –-principalmente hablando de funcionarios y/o políticos-– están contentos, y si no, entonces les incomoda; es cuando se acalla al informador. Viene la agresión y se pretende así ganar con el silencio.
Para contrarrestar hace falta difundir los hechos de agresiones, dimensionando la información como se merece, tanto para ganar el apoyo de la sociedad civil organizada, como para luchar para proteger mayormente el ejercicio periodístico. Además, muchas veces un incidente contra periodistas no es más que una simple nota roja.
Pero también, porque no se puede dejar de lado la importancia del informador: satisface un derecho fundamental de la sociedad a saber lo que está ocurriendo en su entorno. Con ello, le proporciona mayores herramientas, el informador, para una toma de decisiones sobre los problemas que le involucran: le benefician o le afectan.
Según la opinión de algunos expertos, hay una percepción equivocada entre la sociedad: se piensa que el periodista es el medio, cuando sólo es un trabajador de la empresa mediática. Eso genera cierto rechazo, como ocurrió, por ejemplo con la APPO en Oaxaca, donde se agredió a periodistas en el libre ejercicio de su labor por el hecho de ser. El problema es que, casi siempre, la empresa es la responsable del manejo final de la nota; la parcialidad o el sesgo como se presenta la información, particularmente en los medios audiovisuales, es lo que daña la percepción de la sociedad sobre el periodístico.
A esto se agrega la ineficacia del sistema de impartición de justicia, que no resuelve y muchas veces es más lo que complica las cosas; dejando impunes hechos de violencia y hasta de sangre de los informadores.
Y si de señalar responsables se trata, entonces está el lamentable ejemplo de 2008. Fueron 126 agresiones contra periodistas: cinco asesinados, un desaparecido. Las fuerzas del orden, policías y militares con el 28 por ciento de agresores, funcionarios y políticos el 27 por ciento, y un 17 desconocidos, seguramente gatilleros al servicio privado; no obstante los hechos más violentos tienen que ver con el narcotráfico. Los más agredidos: reporteros en 43 casos, directores en 17 casos, fotógrafos 13 casos. Los diarios son los más afectados con 71 (56%) casos, revistas con 18 (14%) casos, radio con 10 casos y televisión con siete.
Y por estados, Chihuahua ocupa el primer lugar con 14 casos de agravios; le sigue Oaxaca con 13; Veracruz y el Distrito Federal igual que suman 12 casos.
Actualizar la legislación, unir al medio periodístico, crear una mayor difusión, informar más objetivamente a la sociedad denunciando cualquier agresión e impunidad, y buscar el apoyo de la sociedad civil, son algunas de las herramientas que tienen los informadores para defensa de su profesión, y de sus vidas.
6/marzo/2009.
lunes, 21 de diciembre de 2009
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