Golpe de timón

Corolario del IV Informe presidencial de Felipe Calderón, los cambios se vinieron en cascada. Precipitadamente, por cierto, y más como golpes espectaculares que como fruto de un plan previo, bien pensado, con dirección y rumbo. Porque la decisión, tanto de cambiar funcionarios de algunas dependencias como de desaparecer y/o fundir otras tantas, se da como medida urgente para el mero ahorro de recursos, que otra finalidad. No hay tal urgencia de combatir la pobreza, acicate del discurso para justificar una toma de decisiones precipitadas y de convencimiento, para que el poder legislativo “apruebe las reformas propuestas”, el decir de Calderón.
La presión de las finanzas públicas fue la causa de dichas medidas; es decir, el boquete de los 300 mil millones de pesos (ahora calculado en 218 mmdp) por la caída de los ingresos petroleros, para el ejercicio presupuestal de 2010, y no tanto por el pobre desempeño de la economía mexicana que muy poco le importa al Presidente y a Acción Nacional. Como tampoco salir de la crisis económica que lacera cada vez el poder adquisitivo de la gente que trabaja con honradez para ganar un salario y mantener a su familia.
Ni ahora ni durante los últimos nueve años, le interesa a Felipe Calderón sacar al país de la postración. Pero eso sí, los gobiernos del PAN no justifican con nada los gastos excesivos en el rubro de servicios, que se traduce en altos salarios de funcionarios empleados de las dependencias. Así como tampoco la falta de ejercicio presupuestal, o los subejercicios en varios de los rubros de la economía y que tanto han impactado a los presupuestos municipales. Amén de los hoyos negros que deja la falta de claridad y carencia de un rendimiento de cuentas efectivo, dado el turbio manejo de los recursos públicos. Como ocurrió con los elevados montos del ingreso que trajo consigo el auge generado por el aumento de los precios del petróleo en los últimos años del sexenio de Vicente Fox.
No importa que en materia económica el país no ate ni desate, y que el responsable sea directamente el propio Calderón, así como el gabinete económico en su conjunto, con Agustín Carstens desde Hacienda y Guillermo Ortiz desde el Banxico, a la cabeza. Porque la conducción económica de este país se rige por los preceptos del librecambio decimonónico, o del llamado mercado libre de la era de la globalización de la década de los 90 del siglo XX y principios del presente. Herencia neoliberal, desde luego, tras la instrumentación que corrió a cargo del presidente Miguel de la Madrid, consolidado por Carlos Salinas y seguido por los dos presidentes posteriores: Ernesto Zedillo y Vicente Fox.
Así, lo que ahora le interesa a Felipe Calderón con estos golpes de timón, no es por cierto que los grandes empresarios que tienen el privilegio —otorgado desde el poder, porque finalmente para ellos se gobierna y son los barones del dinero— de no pagar impuestos o gozar de tremendas exenciones, lo hagan de una vez por todas. No. Lo que le importa al presidente, al igual que a su secretario de Hacienda, Agustín Carstens, es operar lo necesario con el Congreso para que se apruebe la iniciativa presupuestal del 2010, con el efecto de socializar los costos de la crisis.
No hay una propuesta de iniciar la discusión para una reforma fiscal de fondo. Lo que existe es la presión de un paquete presupuestal que el gobierno de Calderón lo hace acompañar de una serie de medidas destinadas al mayor cobro de impuestos, en los tiempos más cortos para su discusión en el Congreso, y en un contexto de sequía —¿provocada artificialmente, porque el algún lugar deben estar los recursos que son fruto del subejercicio presupuestal?— de recursos para un año que está a la vuelta de la esquina.
No de gratis, las primeras reacciones de los especialistas van en el sentido de que las acciones de Calderón son precipitadas —y, decimos en este espacio, a destiempo, porque estamos hablando de la mitad del sexenio— y en los mismos términos neoliberales del reciente y absurdo pasado, donde no se obtienen resultados favorables más que para el sistema financiero y el propio gobierno, cuyos asociados o prestanombres se apropian de los mejores bienes del Estado con la privatización.
Aún la renuncia obligada de los funcionarios de la PGR, Sagarpa y Pemex (cuyas responsabilidades y nulidad de resultados es otro cantar); al igual que los dados a conocer ayer, sobre desaparecer las secretarías de Turismo, la Reforma Agraria y la Función Pública, no tienen sólo la mira de reducir la burocracia, como se argumenta desde el propio Congreso de la Unión por los mismos priistas, es seguir con la línea privatizadora sin realizar una reforma fiscal de fondo por parte del gobierno de Calderón. Por donde se le vea.
Del Congreso dependerá, ahora, si se aprueba como viene el dichoso paquete fiscal. Con impuestos generalizados o no. Con mayor privatización de Pemex o no. A ver si continúan las reformas privatizadoras. O no.

8/septiembre/2009.